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11:57h. Viernes, 17 de Agosto de 2018

DIARIO EL PAÍS, DIARIO EL OBSERVADOR, TELENOCHE ONLINE, 180.COM.UY, SUBRAYADO, INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

TAXI VS UBER: a todo o nada (II)

Estamos llegando a la mitad del año. UBER sigue lo más campante, los taxis protestan y protestan, la ley prometida no llega, las mejoras en el servicio de taxis tampoco... ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Tribunal de Apelaciones desestimó amparo de Patronal del Taxi contra Uber

Un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo que rechazó un reclamo de la Patronal del Taxi contra la Intendencia de Montevideo (IM) por el funcionamiento de Uber.

La Gremial Única del Taxi había presentado un recurso de amparo contra la comuna capitalina por el accionar de la aplicación de transporte de pasajeros.

En ese recurso, se reclamaba a la IM crear una normativa que impidiera el funcionamiento de esa plataforma y que realizara las fiscalizaciones correspondientes. La comuna respondió que la normativa ya existe y que también se realizan los controles correspondientes.

No obstante, la respuesta municipal al tema de fondo, la justicia no entró en tales consideraciones, pues rechazó el amparo por cuestiones de forma, ya que no se habían cumplido los plazos administrativos correspondientes y en consecuencia, operó la caducidad. Ante este pronunciamiento, la Patronal del Taxi recurrió ante un tribunal de segunda instancia.

Tras analizar el expediente, este tribunal ratificó el fallo anterior, desestimando el reclamo y confirmando la sentencia original. Además, el pronunciamiento judicial traslada al reclamente los costos y costas del juicio, por lo que en este caso, de ellos deberá hacerse cargo la Gremial del Taxi.

PROYECTO.

El gobierno presentó el proyecto alternativo para regular los servicios a través de aplicaciones, con el fin de controlar a quienes prestan el servicio. La propuesta fue llevada a la Comisión de Innovación de Diputados por la Agencia del Gobierno Electrónico (Agesic) y Presidencia de la República.

El cambio más importante con respecto al primer proyecto es que busca regular a quienes prestan un servicio y no a las plataformas. El nuevo texto también señala que el Banco Central (BCU) podrá intervenir en la congelación de cuentas en caso de infracción bajo el debido proceso, por lo que debería consultar la medida ante un juez antes de tomarla y no después.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que el nuevo proyecto es mejor, pero aún no hay acuerdo.


Taxistas sin sanción

En noviembre de 2015, bajo el lema "fuera Uber", unos 400 taxis bloquearon el tránsito por varias horas en en la calle Colonia. Otras manifestaciones similares se repitieron con el comienzo de las operaciones de la multinacional, y en enero, en una misma semana, taxistas interceptaron en dos oportunidades a conductores de Uber, impidieron su paso, y los obligaron a permanecer en el lugar hasta que llegara la Policía.

Las manifestaciones volvieron en abril con un piquete a la entrada de la MoWeek y la presión para retirar la publicidad de la empresa. Luego vinieron más cortes de tránsito en el centro de la ciudad, en una escalada que derivó en una persecusión a uno de los choferes desde Plaza Independencia a Carrasco. Ese caso terminó con el procesamiento sin prisión a un taxista por un delito de justicia por mano propia.

La semana pasada, los taxistas bloquearon 18 de Julio frente a la Intendencia y este martes el conflictotuvo un nuevo punto de tensión, cuando sobre el mediodía un grupo de taxis se concentró en varios puntos del Centro y emboscó a un conductor que trabajaba para Uber. Además, le impideron la ciculación mientras inspectores de la comuna llegaban al lugar para multar y retirar las chapas del vehículo.

Pese al corte del tránsito, y a que la normativa nacional en esa materia tiene como principio general la libertad de circulación, y prohíbe a los vehículos, por ejemplo, estacionarse en lugares donde puedan ser un obstáculo, la directora de Movilidad de la comuna, Beatriz Tabacco aseguró a El Observador que en esos casos no se procedía a multar, como se haría con cualquier particular que obstruye la circulación, por tratarse de una medida gremial.

En un sentido similar, fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El Observador que si bien hay un mandato presidencial que decreta la libre circulación, ese tipo de manifestaciones son difíciles de prever y una vez establecido el bloqueo, no se cuenta con las herramientas para desmantelarlo. Mientras que la comuna asegura que es un tema de seguridad pública en el que quien tiene injerencia es el ministerio, desde la cartera afirman que la intendencia también debe garantizar la circulación.

Si bien la Policía debe pedir que se deje la calle libre, y puede hacer uso legal de la fuerza, no tiene los medios para proceder a retirar los vehículos, aseguraron las fuentes. Así, ante una actividad irregular como la de Uber, y la organización de varios actores en su contra que incumple voluntariamente las normas, el tránsito colapsa y las autoridades se muestran maniatadas. Por lo pronto, el intendente Daniel Martinez anunció ayer que no multará más coches de Uber cuando el caso llegue a través de una emboscada de taxistas.

"Contra el Estado de Derecho"

Con ese tipo de "piquetes", y sin una acción de las autoridades impera la "ley del más fuerte", dijo a El Observador el experto en Derecho Laboral Gustavo Gauthier. "El que tiene más poder se impone en los hechos y eso va contra el Estado de Derecho", agregó. La Constitución de la República establece en su artículo 7º que "los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad", por lo que ningún grupo puede arrogarse la facultad de impedir el libre tránsito, explicó. El hecho de que se trate de una actividad sindical, "no es un argumento" válido para no multar a los taxistas, ya que la intendencia debe preservar la libertad de tránsito de los ciudadanos, agregó. 

El penalista Mario Spangenberg, había afirmado en enero que en el caso del bloqueo a trabajadores de Uber y el impedimento del paso, las acciones de los taxistas podrían constituir un delito de violencia privada, que se da cuando se fuerza la voluntad de otro con violencia o amenazas. El artículo 288º del Código Penal establece que comete esta infracción "el que obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo contra su propio derecho". Además, explicó, cuando alguien obstruye y no deja movilizar a otra persona hay un delito de privación de libertad, y es un delito más grave.

En esa línea y con respecto a los llamados "piquetes", un artículo del estudio Ferrere Abogados publicado en 2008 señala que "es ilícito toda vez que vulnere derechos fundamentales como la libertad de trabajo, de empresa, de circulación, de conciencia, el derecho a la propiedad y el libre ejercicio productivo de los bienes, a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica (Artículos 7, 8, 10, 32, 36 y 53 de la Constitución)". Y conicide con que al realizarlos "pueden configurarse ilícitos penales como el delito de violencia privada o amenazas".

Consultado por El Observador, el abogado Martín Risso dijo que si bien no considera que ni en el corte de la circulación ni en la emboscada haya "algún tipo de ilicitud", al partir de la base de que la aplicación es ilegítima se da una situación compleja en la que "la respuesta por parte de algunos taxistas indudablemente puede ser excesiva". Por más que se trate una actividad gremial como dice la comuna, dijo, tiene que ser "razonablemente transitoria", y en caso contrario, tanto la intendencia como la Policía son responsables de desalojar.


Comunicado de la IM: Multas a Uber y exigencias a taximetristas ​

La Intendencia de Montevideo continuará multando a vehículos de Uber ante denuncias de ciudadanas y ciudadanos, pero no actuará ante movilizaciones de taximetristas.

El intendente Daniel Martínez explicó que la existencia “de servicios regulados es para asegurar la prestación del servicio y obligar, además, a cumplir determinadas normas, como contar con libreta profesional, vehículo autorizado o tener un seguro especial“, entre otras.

Respecto de las multas, el Intendente aseguró que “ante la constatación de un transporte de caracter ilegal, ya sea mediante la factura o por una captura de pantalla, podemos actuar teniendo pruebas legales. En el día de ayer, una pasajera llamó y al llegar los inspectores encontraron una situación que no nos gusta y nos pareció incorrecta, y se lo hemos transmitido a los representantes del taxi en la reunión, porque no estamos de acuerdo con situaciones que puedan generar violencia. Ante esas condiciones no vamos a actuar, porque es como una movilizacion y sería un tema más de la policía que de la Intendencia. Sí actuaremos por denuncias por parte de los ciudadanos”, afirmó.

Martínez informó que otra línea de trabajo es “el seguimiento del proyecto de ley sobre servicios de transporte para que, mediante su aprobación en el Parlamento, podamos tener argumentos para tomar medidas. Hemos venido hablando con los miembros de la Comisión Parlamentaria, así como con el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional, y nos hemos enterado de que está casi pronto y contiene cambios que permitirán solucionar las objeciones que había. Esa será una herramienta central que nos dará a nosotros, y al Gobierno Nacional, armas legales para intervenir”.

El jefe comunal recordó que la postura de la IM “no fue decir que no, sino que se negocie la regulación cumpliendo las reglas de juego que tienen que ser aceptadas y respetadas, que Uber sepa que somos una nación que tiene reglas y que nos vanagloriamos de ser un país con institucionalidad, con justicia independiente. Uber nunca vino a negociar, sólo nos entregaron fotocopias con recortes de prensa, lo que es muy poco serio”, sostuvo. 

Martínez adelantó que “vamos a cambiar la escala de multas a Uber, que se va a incrementar para favorecer el combate a este tipo de situaciones ilegales hasta que acepten que Uruguay es un país con reglas y vengan a negociar. Y ahí veremos cómo se hará para cumplir con esas reglas”.

Por último, el Intendente recordó que, a la vez, al servicio de taxímetros ya se le ha exigido la mejora de la calidad de su servicio cuando “les presentamos un documento con varios puntos, incluyendo mejora de la vestimenta, no fumar, el vocabulario, la mampara, cintos de seguridad que funcionen correctamente y otros. Es algo que lo estamos trabajando y queremos acordarlo para hacerlo cumplir, porque así como sancionamos a Uber, también lo haremos con un taxista que no los cumpla”, concluyó. 


Empresario del taxi pide disculpas y ofrece trabajo a conductor de Uber

Marcelo Saporiti es uno de los taxistas que el martes participó de una emboscada a un conductor de Uber en Fernández Crespo frente a la DGI.

Tras la movilización que terminó con un inspector de la Intendencia de Montevideo retirándole la matrícula al auto de Uber, Saporiti realizó una arenga ante sus compañeros taxistas en la que dijo: “no tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre”.

También dijo que como trabajador, haciendo 12 horas en el taxi, ganan “400 o 500 pesos”. Contó que en la noche del lunes trabajó y solo hizo “418 pesos”. “Mi casa no come”, agregó en declaraciones a Subrayado.

Este miércoles el dirigente del sindicato de trabajadores del taxi, Carlos Silva, dijo que Saporiti es en verdad un empresario, dueño de una flota que ronda los 100 taxis, y que no representa a los taxistas sindicalizados.

Subrayado volvió a hablar este miércoles con Saporiti, y en una entrevista reconoció que “no fueron felices” sus comentarios del día anterior.

Dijo que es un hombre muy “sanguíneo”, que habló “desde la impotencia”, y que se siente “desprotegido por los gobernantes”.

Contó que el lunes trabajó en el taxi de su hija desde la hora 17 a las 21, y que hizo 1.900 pesos. Dijo que en total la familia tiene 12 taxis.

Le pidió al sindicato de trabajadores “estar juntos en esta lucha” contra Uber y aseguró que si el gobierno o la Intendencia terminan regularizando este servicio alternativo, el taxi competirá como corresponde, pero que mientras sea “ilegal” -destacó- no debe funcionar.

Por último, Saporiti le pidió disculpas al conductor de Uber que el martes emboscaron y le ofreció trabajo en sus taxis. “Que venga mañana que tiene trabajo seguro”, dijo a Subrayado.

El conductor de Uber tiene cinco hijos, tres de ellos adoptados, y compró el auto hace un mes, luego que se fundió el pequeño comercio que tenía con su esposa. Recién pagó la primera cuota del auto.


Protesta anti Uber: taxistas se despegan del patrón que dijo pasar "hambre"

El Sindicato del Taxi se desmarcó de los incidentes que ocurrieron este martes, en la zona del Cordón, donde decenas de taxistas protagonizaron una nueva emboscada a un conductor de Uber.

Uno de los taxistas presentes en ese lugar, que hizo reivindicaciones ante las cámaras de televisión, resultó no ser un trabajador asalariado sino propietario y administrador de decenas de móviles.

“Éstos son los Cristóbal Colón del 2016; necesitamos que las autoridades nos apoyen. No tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre”, comenzó diciendo el hombre ante las cámaras de TV en protesta contra Uber.

Y continuó: “Nosotros, los que estamos acá, trabajamos 12 horas, ganamos $ 400 y $ 500. Yo anoche trabajé por $ 418 mi amigo, ¡mi casa no come!”, remarcó.

Este miércoles el Sindicato del Taxi identificó a ese taxista como Marcelo Saporiti. “Era chofer asalariado en la década de los 80´ y 90´ y llegó a ser cooperativista, pero desde hace 20 años es patrón y patrón grande, no es un pequeño propietario”, aseguró a Subrayado el dirigente del Suatt Carlos Silva.

Además de ser dueño de taxímetros, Saporiti administra “entre 100 y 150 taxis” de otros propietarios que no desean realizar esa tarea. Es así que como administrador “está recibiendo cotidianamente la plata de la recaudación, contrata gente, la despide, le paga un salario, mueve gente a su antojo por diferentes empresas para que no se genere antigüedad, es como una tercerización. El negocio es que cuantos más taxis administra, más baratos le salen los repuestos”, explicó.

Por eso el sindicato no solo señala que “es falso” lo que este hombre dijo, sino que ningún trabajador del taxi se va con ese dinero a su casa. “Nosotros tenemos un laburo en el cual tenemos un salario fijo y ningún trabajador puede irse a su casa con $ 418”.

De acuerdo a lo que figura en la web del sindicato, el jornal base por 8 horas de trabajo es de $ 400 más un viático de $ 116 por día trabajado. Silva explicó que un trabajador se lleva eso si no hace viajes, pero “si la producción supera el salario base, me llevo lo que la producción marque”.

“Es mentira lo que dijo y no tenemos nada que ver con lo que ha pasado ayer”, agregó.

Si bien el gremio también discrepa con la presencia de Uber, la postura es diferente a la de la Patronal. “Desde el sindicato lo que hemos analizado que está en riesgo con Uber, no es un tema de producción, es decir, si se recauda $ 100 más o menos. Lo que está en riesgo con Uber es el oficio porque para ser taximetristas tenemos que cumplir requisitos ante Intendencia de Montevideo que regula la libreta que te permite manejar un taxi. Eso es lo que reviste las características del oficio y lo que peligra es eso, no es si nos llevamos $ 200 más o menos”.

Este jueves a las 23.00 horas el sindicato realizará un plenario donde se analizarán varios temas entre ellos el de Uber.


Marcelo dijo que “pasa hambre” pero tiene 100 taxis, según SUATT

Tras un improvisado discurso en el que afirmó que "no tenemos plata para comer, estamos muertos de hambre", Saporiti dijo a Subrayado que los trabajadores del taxi "ganamos 400 y 500 pesos" por 12 horas de trabajo.

"Yo anoche trabajé en el móvil 971 de Patronal por 418 pesos", expresó.

"Mi casa no come y estos señores que son gringos se llevan el laburo y no dejan un peso en el país. Necesitamos que esto se regule de una vez. Se tienen que ir", agregó.

Ary Wiedemann, del sindicato del taxi (SUATT), dijo a No toquen nada que "escuchar a este señor sería gracioso si no fuera indignante".

Además aclaró que "como sindicato tenemos una posición tomada con respecto a Uber, hemos desarollado nuestras movilizaciones, estamos en contra de que esa aplicación opere en nuestro país".

Sin embargo, "esto que decía este hombre la verdad que es indignante porque Marcelo con esa voz y esas palabras es un administrador de taxímetros que tiene más de 100 unidades a su cargo y es dueño de unas cuantas".

Wiedemann señaló también que Saporiti "es dueño de una estación de servicio", por lo que "escucharlo decir que está pasando hambre porque no le alcanza el jornal la verdad que llenó de bronca a muchos compañeros, sobre todo porque él es uno de los principales responsables de esa situación".

Según el SUATT, Marcelo Saporiti tiene a los trabajadores "en las peores condiciones, en autos que se caen a pedazos, que tienen las ruedas lisas, hace viajar a los pasajeros sin cinturones de seguridad en coches destruidos y nos hace trabajar a nosotros en condiciones miserables".

"Nosotros no nos hemos subido al carro de ninguna de estas movidas de la Patronal con respecto al tema, que si bien para la opinión desprevenida podría parecer que estamos del mismo lado, porque los dos pensamos que Uber se tiene que ir, hemos tenido una posición muy clara con respecto a no movilizar en conjunto con estos señores porque sabemos que son los principales responsables de la desergularización del sector, del mal servicio, que fue lo que generó las condiciones para que Uber se instalara", explicó.

Los taxis administrados por Saporiti circulan "con un sapo en el vidrio trasero o en la parte trasera", señaló Wiedemann.


Pasajera que denunció a Uber admitió tener taxi y hacer emboscada

La pasajera del auto de Uber que fue emboscado este martes en el Centro es integrante de “la familia del taxi” desde hace varios años, según consta en resoluciones de la Intendencia de Montevideo.

A modo de ejemplo, en una resolución con fecha 30 de julio de 2010, María del Rosario Pérez, se hace acreedora de un permiso para prestar el servicio de automóvil con taxímetro. Dos años antes, según consta en otra resolución, la mujer cambia de socio en un taxi que tiene desde el año 1998 y en 2005 es ella la que transfiere un permiso que tenía desde el año 2001.

Consultada por Telenoche, Pérez dijo en la tarde del martes que no tenía nada que ver con taxistas. Vuelta a consultar este miércoles, reconoció que es propietaria y está vinculada a la patronal del taxi. “En muchas entrevista que se le hicieron a Oscar Dourado yo estuve atrás y ahora tengo un coche”, dijo.

La mujer reconoció también que lo de este martes fue una acción pensada entre taxistas para “desenmascarar choferes de Uber”, pero subrayó que “no es un proceder extendido ni orquestado”.

La Intendencia de Montevideo, por su parte se desmarcó de la modalidad. El intendente Daniel Martínez aseguró que el gobierno capitalino “está en contra de ese tipo de situaciones porque general violencia” y aseguró que los inspectores de tránsito no participarán más de ese tipo de situaciones, “porque al ser manifestaciones le corresponde a la Policía”.

LOS HECHOS. El pedido de Pérez para tomar el Uber llegó a nombre de Carlos F. El chofer de la empresa internacional fue a la dirección y subieron dos mujeres que le solicitaron ir hacia un local de pagos en 18 de Julio. Allí una de ellas bajó, volvió a subir y le pidió al conductor que las llevara a Fernández Crespo y Colonia. Las pasajeras pidieron una boleta y el conductor explicó que les llegaría en forma electrónica, lo que causó malestar en las mujeres.

Entonces empezaron a aparecer taxis que cercaron la zona (18 de Julio, Eduardo Acevedo, Fernández Crespo). “No sé si los taxistas se dan cuenta u olfatean cuando es un Uber”, había dicho a Telenoche la mujer el martes.

En paralelo, varios periodistas recibieron un mail que rezaba: “Nos avisan de una pasajera que fue agredida por un conductor de Uber, pues solicitó la factura de su viaje y este no se la entregó. La señora se encuentra en este momento en frente a la DGI de Fernández Crespo y Colonia”.

Varios medios de comunicación asistieron al lugar y también lo hizo Policía de Tránsito y un inspector de la Intendencia que procedió a retirarle la chapa al coche que trabajaba para Uber por infringir el decreto de la Junta Departamental que “prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago en vehículos no autorizados”.

El martes la mujer dijo que ella no hizo la denuncia a la Intendencia y que fueron taxistas.  Sin embargo, la Intendencia dice que actuó tras la denuncia del usuario.

La empresa Uber no va a denunciar los hechos pero sí apoyará al conductor si resuelve hacerlo. Además, bloqueó el usuario desde donde se pidió el servicio, según informaron a Telenoche fuentes de la firma.

100 TAXIS. Durante el episodio ocurrido en el Centro un taxista tomó la palabra y dio un improvisado discurso a los medios en el que aseguró que los taxistas están “muertos de hambre”. El sindicato del taxi dijo que escucharlo fue “indignante” porque tienen 100 unidades a su cargo y es dueño de unas cuantas. “Escucharlo decir que está pasando hambre es indignante porque él es uno de los responsables de esta situación”, indicó en declaraciones a radio Océano.

El sindicalista explicó que si bien podría parecer que el sindicato y la patronal están del mismo lado porque los dos piensan que “se tiene que ir”, el Suatt decidió no actuar en conjunto con la patronal “porque sabemos que son los principales responsables de la desergularización del sector y del mal servicio”.

El Suatt llevará a cabo un Plenario Nacional mañana en su local sindical de la calle Clemente César esquina Marmarajá para analizar posibles medidas contra Uber.


Usuaria de UBER relató su experiencia ante denuncia y sanción

Este martes un chofer de Uber fue sancionado tras ser interceptado en Colonia y Fernández Crespo por una manifestación de taxistas. Se trató de una convocatoria de la patronal de taxis (CPATU) que acabó en la multa por parte de la Intendencia de Montevideo para el vehículo.

Según indicó a Telenoche Pablo Ferrer, director de Tránsito de la Intendencia, se procedió a sancionarlo tras el llamado de la pasajera del Uber a quien el chofer se negó a darle una boleta, puesto que en los Uber, el comprobante se envía por vía digital.

La mujer en cuestión confirmó a Telenoche que se molestó porque no le dieron un comprobante del viaje, pero negó haber llamado a la Intendencia. Según agregó, decidió tomar un Uber “para probar el servicio” y contrarió a lo dicho por la dirección de Tránsito, dijo que ella no denunció. “Surgieron taxis en la vuelta que llamaron a hacer la denuncia. No sé si se dan cuenta u olfatean cuando es un Uber”, agregó.

Tras los hechos, el chofer de Uber fue sancionado por infringir el decreto de la Junta Departamental  que “prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago en vehículos no autorizados”. Dicha norma es la carta que ha sido utilizada por la Intendencia para fiscalizar Uber en tanto no se apruebe la ley que el Ejecutivo remitió al Parlamento para ello.

En el último semestre, el gobierno capitalino multó a 21 vehículos, habiéndose comprobado que seis de ellos correspondían efectivamente al servicio de Uber.

Soledad Lago Rodríguez, gerenta de Comunicación de Uber, dijo que “la empresa tiene voluntad de trabajar junto a las autoridades para que Montevideo cuente con una regulación adaptada al modelo”.“Tomamos muy en serio cualquier reporte de incidente, ya sea de parte de usuarios o socios”, añadió.

Vale recordar que el intendente Daniel Martínez había asegurado a principios de mayo que se intensificaría la fiscalización y que firmó una resolución para aumentar “al máximo posible” las multas, aunque aún no rigen los nuevos montos. Según adelantó, el valor pasará de 35 unidades reajustables a 70 unidades reajustables, unos $63.000.


UBER denuncia haber sido víctima de una emboscada

Ocurrió este mediodía en Fernández Crespo y Colonia. Una mail circuló entre taxistas advirtiendo de que una mujer había sido agredida por un conducto de Uber frente al edificio de la DGI.

El mismo mail (proveniente de la casilla “todoenredes2016@gmail.com” llegó a varios medios de comunicación y decía lo siguiente:

“ÚLTIMO MOMENTO

NOS AVISAN DE UNA PASAJERA QUE FUE AGREDIDA POR UN CONDUCTOR DE UBER, PUES LE SOLICITÓ LA FACTURA DE SU VIAJE Y ÉSTE NO SE LA ENTREGÓ.

LA SRA. SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO, EN FRENTE A LA DGI DE FERNÁNDEZ CRESPO Y COLONIA”.

El lugar se llenó de taxistqas que rodearon el auto del conductor de Uber y no lo dejaron mover. Mientras, la mujer supuestamente agredida llamó a la Intendencia y pidió la presencia de un inspector de tránsito.

El inspector llegó al lugar acompañado por un policía y procedió a multar al conductor de Uber y a retirarle la chapa.

CHOFER. El conductor de Uber habló con Subrayado y negó haber agredido a la mujer. Dijo que ella le tendió “una trampa”.

Finalmente se fue escoltado por los inspectores entre insultos de los taxistas.

El chofer que trabaja para Uber es casado y tenía un pequeño comercio que se fundió. Con los ahorros que tenía compró un auto y comenzó a trabajar para Uber. Tienen cinco hijos, tres de ellos adoptados, según pudo saber Subrayado.

El País y El Observador informaron que los taxistas cobran 450 pesos para asistir a estas emboscadas o escraches en los que denuncian la actividad de conductores de Uber.

CÓMO FUE LA EMBOSCADA. El pedido para tomar el Uber llegó a nombre de “Carlos F.”, en la calle Ferrer Serra. Allí suben tres mujeres que le piden ir hacia un local de pagos en 18 de Julio, entre Paullier y Requena.

Allí una de las mujeres baja del auto y hace una llamada por teléfono. Luego vuelve a subir al auto y pide al conductor que las lleve a Fernández Crespo, frente a la DGI.

Una vez en el lugar, la mujer que había hablado por teléfono le pide una factura al conductor de Uber. Él le explica que no se entregan facturas, que el costo del viaje llegará en el estado de cuente de la tarjeta de crédito asociada al usuario que pidió el servicio.

Según el testimonio del conductor, en ese momento una de las mujeres le dice: “No importa, porque esto es una trampa y estás rodeado de taxistas”.

ANTECEDENTE. A fines de abril de este año un taxista fue procesado por un delito de "justicia por mano propia" al perseguir y bloquear el paso a un conductor de Uber.


Taxistas cercaron a conductor de Uber; inspectores de la IMM le retiraron las chapas

Decenas de taximetristas se concentraron en Mercedes y Fernández Crespo, convocados por la patronal de taxis (CPATU), debido a que un conductor de Uber se encontraba unas cuadras más adelante, en Fernández Crespo y Colonia.

Sin embargo, los taxistas informaron a El Observador que la convocatoria surgió a las 11 de la mañana, mientras que fue recién sobre las 13 horas cuando Policía de Tránsito llegó al lugar y retiró las chapas del conductor de Uber, que se encontraba rodeado de taximetristas.

Varios taxistas confirmaron a El Observador el dato que había publicado El País el que la patronal les paga $450 la hora por participar de este tipo de manifestación, como la que se desarrolló la semana pasada y cortó 18 de Julio a la altura de la Intendencia. De ese monto, los empleados cobran el 29%.

Fuentes de la Intendencia de Montevideo (IMM) dijeron a El Observador que la denuncia fue hecha por la pasajera que solicitó el servicio de Uber.

Una vez que los inspectores retiraron las chapas, la concentración se dispersó.

Consultado por El Observador, el secretario general de CPATU, Javier Fardín -cuyo auto se encontraba encabezando la manifestación- negó que la movilización haya sido convocada por la gremial. En cambio, aseguró que se enteraron por radio y que por eso estaban allí presentes


Un extraño mail y un nuevo corte de taxistas en 18 de Julio

Esta mañana, pasadas las 12 del mediodía varios medios de comunicación recibieron un mail titulado "Último Momento" en el que podía leerse el siguiente texto: "Nos avisan de una pasajera que fue agredida por un conductor de Uber, pues solicitó la factura de su viaje y éste no se la entregó".  Y añadía: "La señora se encuentra en este momento, en frente a la (Dirección General Impositiva) DGI de Fernández Crespo y Colonia". El mail (proveniente de la casilla todoenredes2016@gmail.com) no está firmado por organización alguna. 

Apenas unos minutos después, varios taxistas cortaron el tránsito. Los vehículos se desplegaron por avenida 18 de julio, desde Eduardo Acevedo hasta Daniel Fernández Crespo, y por Fernández Crespo desde Mercedes a 18 de julio.

Los taxis cercaron a un vehículo de Uber que se encontraba el lugar, al que acudieron un policía de tránsito y un inspector de la Intendencia de Montevideo, quienes procedieron a retirarle la chapa al conductor del auto. 

Luego, lo retiraron escoltado, para evitar agresiones de los taxistas, quienes se fueron de la zona minutos después, disolviendo el corte de tránsito.

El País se comunicó con la secretaría de la comisión directiva de CPATU, la gremial del taxi, desde donde se dijo que desconocían el motivo por el que los taxistas realizaban el corte.


Ursec espera que "alguien se la juegue" para bloquear a Uber

Para el presidente de la Unión Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Gabriel Lombide, no hay grises en torno a legalidad de Uber y las acciones que el Estado uruguayo debería emprender. "Si hubiera sido cualquier otra aplicación que facilitara a los usuarios de la aplicación violar las leyes y normativas nacionales ya se hubiera sancionado", dijo a El Observador. "¿Cuál es la diferencia en este caso?", se preguntó, y rápidamente contestó: "El poderío de la empresa". El jerarca dijo que la Ursec tiene la capacidad tecnológica para bloquear la aplicación. Consultado por el caso hipotético de que la aplicación fuera restaurada una vez aplicado el bloqueo, como ya sucedió en lugares como Turquía, Lombide dijo que "se seguiría bloqueando".

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, había anunciado hace dos semanas su intención de "bloquear la frecuencia" de la aplicación, siempre y cuando la normativa lo habilitara a hacerlo. Si bien la Ursec colabora con las intendencias en diferentes asuntos, el organismo solo responde al Poder Ejecutivo. Y, como tal, cualquier decisión de bloquear la aplicación tendría que provenir de la órbita de Presidencia o el ministerio correspondiente. "Estamos esperando que alguien se la juegue", dijo Lombide. Sin embargo, reconoció que el tema "aún está verde".

La hipotética decisión de bloquear la señal presenta sus complicaciones para el organismo regulador en tanto que las acciones que emprende son de carácter nacional y no departamental. Por este motivo es que la sección jurídica de la Ursec estudia la normativa vigente en los 19 departamentos. El titular de la Ursec señaló que "ya han estudiado el tema en detenimiento", pero dijo que no podían adelantar las conclusiones de ese estudio.

En tanto, el vicepresidente de la Internet Society, Raúl Echeberría, dijo a El Observador que "no existe tal concepto como bloquear la frecuencia" de Uber. "Estamos hablando de bloquear el acceso a internet, eso implica filtrar contenidos", dijo el especialista, quien advirtió que se trata de "una medida extrema" y "contraria a la tradición del país".

 "Bloqueo a la innovación"

Legisladores del oficialismo y la oposición, académicos, especialistas y empresarios coinciden en que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo relativo a servicios prestados mediante el uso de medios informáticos y aplicaciones tecnológicas tiene problemas fundamentales.

El proyecto de ley del Ejecutivo está bajo tratamiento en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Allí, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, opinó que "con el afán de una simplificación muy grande", el proyecto pretende elaborar una norma que abarque a todos los sectores: transporte, hotelería, comida y libros, entre otros. En este sentido, Echeberría dijo que el proyecto es "desproporcionado", ya que "tiende a regular internet de forma general".

El artículo 3 del proyecto es especialmente problemático. Dicho artículo establece que cuando existe una intermediación a través de una plataforma electrónica informática, el agente que ofrece la plataforma "quedará sometido a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otras regulaciones que para la actividad privada establecen las normas específicas relativas al servicio final que se desarrolle como parte de su oferta". Eso quiere decir, por ejemplo, que Pedidos Ya –la paradigmática aplicación uruguaya– podría ser "responsable solidario" de la venta de alimentos de restaurantes incumpliendo con regulaciones específicas en el rubro, ejemplificaron varias fuentes consultadas.

Para Simón la "generalidad" presente en el artículo puede llegar a ser "demasiado restrictiva". En este sentido, la exministra de Educación y Cultura dijo que su "preocupación" es que se "genere un bloqueo a la innovación", según se desprende de la versión taquigráfica. "El intento de legislar en forma absolutamente general parece exagerado en el sentido de que es difícil innovar en un contexto en el que además se asimilan servicios que no necesariamente son asimilables", dijo la decana.

En esta línea, Echeberría sostuvo que en el mundo hay una visión contraria a la responsabilización de los intermediarios de internet. "Hay que generar condiciones apropiadas para que en el país se desarrolle esta nueva economía de internet en un marco ordenado", afirmó.

Representantes de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) también manifestaron reparos en su visita a la comisión. "Entiendo que aquí debemos fomentar la innovación y esta iniciativa no va en esa línea. El mensaje que esto está dando es de preocupación de los inversores que están yendo hacia un lugar y dicen: ¡Ojo!, que en el online vamos a tener acciones severas y hasta a veces desproporcionadas", dijo el presidente de la CEDU, Marcelo Montado, en referencia al artículo 9 que da facultades al Banco Central del Uruguay para que, ante cualquier denuncia que establezca un organismo de control, pueda comunicar a los bancos el bloqueo de las cuentas de los usuarios.

En febrero, el diputado de Vamos Uruguay, Adrián Peña, presentó un proyecto de ley para regular el servicio de las plataformas virtuales en el transporte público, que incluye el aporte de tributos por parte de las empresas y los trabajadores. Asimismo, considera la posibilidad de que las empresas puedan ser agentes de retención.

Uber apuesta a una regulación acorde a la aplicación
Según pudo saber El Observador, la empresa tecnológica Uber ve con buenos ojos el camino de la regulación en Uruguay, tal como ocurrió en otras ciudades latinoamericanas. Sin embargo, la empresa no está a favor de cualquier regulación, sino de una norma acorde a lo que es Uber. Esto implica considerar que los "socios conductores" tienen condiciones de trabajo flexibles: no poseen horarios fijos y se autodetermina en función de su propia voluntad y conveniencia.

En este sentido, es imprescindible para la empresa que cualquier regulación y figura tributaria que se le aplique contemple las particularidades del servicio que, por definición, no lo consideran equiparable al que suministran los taxis. En este sentido, el ejemplo de San Pablo resulta paradigmático. Hace algunas semanas el alcalde de esa ciudad firmó un decreto regulatorio que permitirá a Uber y servicios similares operar en la ciudad más grande de América Latina. En lugar de cobrar una cuota plana, los servicios como Uber pagarán una cuota administrativa con base en el número de kilómetros recorridos en un viaje. Y estarán aportando a un fondo de movilidad urbana.


Los taxistas cobraron por “trancar” 18 de Julio

Un grupo de 730 taxistas interrumpió ayer el tránsito de la avenida 18 de Julio, frente al edificio sede de la Intendencia de Montevideo, para protestar contra Uber. La protesta se desarrolló desde la hora 12:00 y culminó puntualmente a las 15:00.

Esta movilización, a diferencia de las anteriores, fue convocada por Radiotaxi, un servicio que reúne a coches con taxímetro de distintos grupos, asociaciones y cooperativas.

Participaron propietarios y trabajadores no sindicalizados, según explicaron a El País varios taxistas.

En la tarde de ayer, El País se comunicó con Oscar Dourado, presidente de la Gremial del Taxi (Cpatu), y con Laura Silva, secretaria de la comisión directiva, y ambos afirmaron que desconocían el motivo por el que los conductores se encontraban en el lugar.

Hugo Soca, directivo de Radiotaxi, explicó a El País que la movilización estaba organizada por la “gremial de taximetristas con los empleados”.

Mientras el empresario hablaba con El País, una mujer que caminaba con ayuda de dos bastones insultó a los taxistas: “Vayan a trabajar”, gritó mientras pasaba entre los autos parados en la esquina de Ejido y 18 de Julio.

La medida se desarrolló sin paro y manteniendo el servicio a la población. No obstante, la marcha generó un caos de tránsito en toda la zona céntrica.

Las líneas de ómnibus debieron ser desviadas de sus rutas habituales, los automóviles debieron tomar arterias alternativas generando importantes congestionamientos en calles como San José, Colonia y Ejido.

“Queremos recordarle a las autoridades municipales que nosotros estamos en situación crítica por Uber. Pretendemos que nos den soluciones. Hasta ahora no hemos recibido respuesta”, señaló.

Reclamo pago.

Mientras tanto, en las redes sociales aparecieron fotografías del sistema de comunicación por pantalla convocando a la movilización que se desarrolló en horas del mediodía de ayer.

Una de ellas decía que los interesados podían anotarse por teléfono y fijaba el horario.

Otra imagen indica que se pagará $ 450 por hora a aquellos choferes que acepten participar de la movilización.

Soca confirmó a El País que la patronal les paga a sus choferes contratados para que participen de ese tipo de actividades con un fondo especial. “Se les paga a los conductores con el fondo de defensa gremial, los propietarios podemos asumir los costos, es para compensar los ratos parados”, admitió.

Los taxistas reclaman “respuestas” a los poderes públicos. “Esto es un movimiento espontáneo de taximetristas. Yo trabajo en esto desde 1971 y me siento orgulloso. Los empleados y propietarios estamos cansados y vemos como se nos va nuestro trabajo. Hasta ahora no hemos visto una solución que venga desde el gobierno central o desde la Intendencia. Lo único que nos queda es hablar con la ONU”, aseguró.

Tras la movilización de ayer, un representante del intendente Daniel Martínez informó a los taxistas participantes que serán recibidos por el jefe comunal el próximo martes.